El Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García, se desentiende de las víctimas que han sufrido las consecuencias de los efectos secundarios que han tenido las vacunas del Covid-19,y ha rechazado la responsabilidad de la Administración, incluso con un dictamen especifico de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) que certificado, la existencia de la relación de causalidad entre la inyección de la vacuna contra el covid 19 de Moderna y la miocarditis grave.

Así lo refleja The Objetive, en una información donde se indica que desde el Ministerio de Sanidad se quieren eximir de la responsabilidad ante un procedimiento de reclamación patrimonial, por los graves efectos adversos que provocó a un joven esta vacuna, indicando que «El ciudadano que recibe voluntariamente una asistencia sanitaria debe asumir los efectos adversos derivados de la misma si prestó su consentimiento informado (…). Dado que la posibilidad de que se produjese el daño del que deriva la reclamación había sido divulgada por la Aemps cuando se le administró la vacuna y que dicha vacuna fue recibida voluntariamente, el daño aducido no puede ser considerado antijurídico y, en consecuencia, no puede imputarse responsabilidad patrimonial a las administraciones públicas a raíz de esta reclamación».

Los hechos se remontan a diciembre de 2021, cuando un ciudadano se vacunó de la covid-19 tras la imposición del Certificado Covid-19 Digital de la UE en prácticamente todo el territorio nacional y con la premisa desde Sanidad de que la vacuna era segura y eficaz. Una vez recibida la vacuna, según se desprende de los informes clínicos, comenzó a tener síntomas de que algo no iba bien y horas más tarde se desencadenó un cuadro muy grave que requirió asistencia sanitaria urgente en la UCI del Hospital.

En declaraciones a The Objetive, Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa y abogado de la víctima. señala que «En los primeros momentos, todo indicó un infarto de miocardio, lo cual no fue descartado por parte de los facultativos, que inmediatamente lo relacionaron, por el ámbito temporal cercano, con la vacuna de la covid, puesto que no habían transcurrido ni 40 horas de la vacunación».

«Tras estabilizarlo durante varios días en el hospital, el diagnóstico final fue epicardio parcheado en los segmentos con edema, hallazgos que eran compatibles con miocarditis aguda y una probable reacción vacunal a la vacuna de la covid-19, como fue afirmado por los médicos en sus informes que constan en el procedimiento administrativo», indica el abogado de la víctima, que en mayo de 2022 interpuso un procedimiento de reclamación patrimonial al Ministerio de Sanidad por los graves efectos adversos que le provocó la vacuna contra el covid a su cliente.

La cantidad que se reclama al Ministerio de Sanidad es de dos millones de euros por los daños y secuelas originados y tras dos años, el procedimiento se encuentra estancado a la espera de que se pronuncie el Consejo de Estado.

En un informe dictaminado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) firmado por el jefe de departamento de Medicamentos de Uso Humano, Antonio Blázquez Pérez, se reconoce que «la relación de causalidad entre el cuadro de miocarditis presentada por joven afectado y la primera dosis de la vacuna frente a la covid Moderna se considera probable» y añade la agencia en ese mismo documento que «la miocarditis es un efecto adverso identificado para las vacunas ARN mensajero frente a la covid-19».

La ficha técnica y prospecto de la vacuna de spikevax (Moderna) y comirnaty (Pfizer/BioNTech) se actualizaron en julio de 2021 para informar de la posible aparición de estos riesgos «con una frecuencia muy rara», pudiendo afectar hasta 1 de cada 10.000 personas. 

«Estos trastornos pueden aparecer a los pocos días de la vacunación y se producen principalmente en un plazo de 14 días. Se han observado con mayor frecuencia tras la segunda dosis de la vacunación y en varones jóvenes», se desprende de la ficha técnica.

El Ministerio de Sanidad, en un informe conclusivo firmado por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padill, se exime de cualquier responsabilidad al respecto y señala que «la posibilidad de que se produjese el daño del que deriva la reclamación había sido divulgada por la Aemps cuando se le administró la vacuna a (nombre del afectado) y que dicha vacuna fue recibida voluntariamente». Por eso en su consideración, «no puede imputarse responsabilidad a las administraciones públicas a raíz de esta reclamación».

El abogado de la víctima, Luis María Pardo, recuerda cómo la jurisprudencia unánime del Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en otros casos donde por un principio de solidaridad la administración ha tenido que asumir los daños producidos.

Así como la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que la obligación de soportar el daño sufrido no puede imputarse al perjudicado cuando «éste no tiene el deber jurídico de soportar el riesgo que objetivamente debe asumir la sociedad en virtud del principio de solidad». STJUE de 21 de junio de 2017.